Más difícil que nunca

Se acerca una nueva temporada de juntas de accionistas para la mayoría de las sociedades anónimas en Chile. Un período marcado no solo por el reporte anual que deben hacer, sino especialmente por los cambios y nombramientos de nuevos directores en las compañías, incluyendo los definidos por las AFP y otros institucionales, que este año estará además muy influido por la avalancha de noticias veraniegas que ya conocemos.

¿Y qué factores deberían considerar entonces esos potenciales candidatos a director en este nuevo escenario nacional antes de aceptar sus nominaciones? Que nunca antes en Chile había sido tan difícil ejercer el rol de director de sociedades anónimas. La dificultad radica en las altas expectativas que la opinión pública, inversionistas institucionales, autoridad fiscalizadora y los tribunales les exigen a quienes ejercen esa función.

En una columna anterior comentamos lo poco claro que resultaba el mandato de la ley chilena al señalar que “la administración de la sociedad anónima la ejerce el directorio”. Un fraseo ambiguo que puede generar confusión no solo en los roles de la administración y del directorio, sino que tiene efectos a la hora de determinar la responsabilidad legal que les corresponde asumir a los directores. Es bien distinto responder por el diligente cumplimiento de los deberes de cuidado cuando se debe supervisar las políticas de una empresa que cuando se debe administrar su día a día.

A esa dificultad legal se le ha sumado una de entorno social. Porque hace solo una década atrás la realidad era muy diferente: si a un director/gerente general le preguntaban bajo qué parámetros sería evaluado su desempeño, con un alto grado de probabilidad la respuesta común habría sido que su objetivo era “generarle valor a la compañía”, y que los indicadores para medir el cumplimiento de esa tarea eran evidentes: market share, estados de resultado y precio de la acción. Todos factores económicamente objetivos que demostraban cuanta sagacidad y eficiencia habían empleado los directores en la gestión de cada una de las compañías.

Pero ya sabemos cómo cambió la historia de Chile estos últimos años, con episodios públicos en materia económica, política e incluso eclesial que han remecido la confianza en las instituciones chilenas. Desconfianza que trajo aparejado un cambio en el paradigma de qué se espera de un director de sociedad anónima. Porque está claro que la sola observación del cumplimiento de indicadores financieros ya no es suficiente y se espera más de las compañías. Mucho más.

Las encuestas a la opinión pública, que son los consumidores al final del día, han venido mostrando una tendencia clara respecto a que las utilidades de las principales empresas del país están bajo sospecha. Se cree que mayoritariamente se han obtenido bajo la lógica de abusar de los consumidores. ¿Una creencia que mezcla a justos con pecadores? Concedido. Pero lo concreto es que el juicio público es un dato de la causa, que tiene poco que ver con ideologías determinadas y que tiene su origen en la ocurrencia de casos de abuso o fraude de alta connotación pública.

Y reconozcamos que es difícil para una compañía y sus directores lidiar con esa percepción pública. Porque ya sabemos que hay una correlación directa entre la percepción/reputación de una compañía y sus resultados. Por eso los directorios chilenos tienen un desafío más relevante que nunca en ajustar las estrategias de desarrollo de las compañías. Así, junto con definir las inversiones y políticas comerciales, los directorios deberán incluir también acciones decididas que ayuden a demostrar que la compañía cuenta con un compromiso de buen gobierno corporativo, con políticas de protección a sus clientes, de producción sustentable y de buena vecindad con las comunidades donde realiza su actividad productiva.

Usted dirá que todas esas acciones son archiconocidas y que la mayoría de las grandes empresas  las tienen ya declaradas como políticas oficiales. Cierto, pero los hechos y las encuestas muestran que la percepción pública no termina de reconocer ese cambio en la estrategia de las empresas chilenas, demostrando que puede haber buena intención declarando y aprobar esas políticas, pero que debe lidiarse con la dura realidad de un entorno desconfiado. Un camino que obliga entonces a testear la efectividad de esa estrategia permanentemente. Es, sin duda, una tarea que requiere el liderazgo decidido del directorio, única manera de permear culturalmente a todos los trabajadores de la compañía su relevancia estratégica. Un elemento central de demostrar es que se incluya el cumplimiento efectivo de esas políticas en el esquema de compensación a la administración.

Volvamos al inicio de esta columna. Decía que en las próximas semanas se desarrollará la mayoría de las juntas de accionistas en Chile. Es tiempo de evaluación. Para que los accionistas evalúen no solo si la alta dirección les ha generado valor actual, sino que también qué tan activo y eficiente ha sido el directorio para ajustar sus estrategias de desarrollo al nuevo entorno que nos rodea y generarles valor potencial a sus acciones.

Como ve, no es poca cosa. Para pensar una y cien veces si vale la pena ser director de sociedad anónima.

La hora de los profetas

En su más conocida ponencia pública, Weber decía que el buen político era el que no se guiaba exclusivamente por la ética de la convicción, sino el capaz de incluir una importante dosis de responsabilidad a su actuar. Decía que quienes actúan únicamente según convicciones absolutas se transforman en profetas, pues no les queda otra posibilidad que la de condenar toda acción pública que utilice medios moralmente peligrosos.

Pero ninguna ética del mundo, dice Weber, puede eludir que para conseguir fines “buenos” hay que considerar en muchos casos la probabilidad de consecuencias moralmente reprochables. Por esa consideración, afirma el alemán, quien es profeta no puede ser un buen político.

Pero seguramente Weber habría matizado su reflexión si viviera por estos días en Chile, marcados por el noticioso verano del 2015:  Penta, Caval, Soquimich, uso de información privilegiada y colusión en los pollos. Un mix explosivo de acontecimientos que ha aumentado, aún más, los ya conocidos bajos niveles de confianza en las instituciones públicas y en las empresas privadas. En pocos meses el 2015 ya superó al que parecía ser el año ícono de esta primera parte del siglo XXI chileno: el 2011. Fue cuando conocimos del fraude de La Polar, la colusión en las farmacias, las marchas contra el lucro en la educación y proyectos ambientales, así como los abusos cometidos por sacerdotes. Parecía que ese 2011 sería un momento paradigmático en la historia de Chile. Pero ya sabemos que nos quedamos cortos y que este 2015 ya tiene asegurado un sitio mucho más relevante en los libros de historia.

Frente a un escenario social de tal descrédito de las elites políticas y del mundo empresarial, debería ser preocupación prioritaria de un buen político recuperar la legitimidad de la institucionalidad. Porque con una sociedad enrabiada con las instituciones se hace derechamente imposible avanzar. Hace solo una década se decía que a Chile le sobraba institucionalidad y le faltaba ciudadanía. Que esa era la manera de sobrellevar un país donde nunca ha existido mucha confianza. A nivel social, la Encuesta Mundial de Valores (2010-2014) muestra que solo un 12% de los chilenos cree que se puede confiar en la mayoría de las personas mientras que alrededor de un 70% prefiere ser precavido y cuidadoso en el trato con los demás. Que por eso era bienvenido que los chilenos en los últimos años manifestaran de manera pública y organizada sus posiciones. Lo que nadie previó es que en esa misma década se desplomara de manera tan brutal la confianza en las instituciones (políticas, económicas, religiosas) y se generara la actual crispación social.

Por eso digo que Weber probablemente reestructuraría su discurso, pues tendría que reconocer que los niveles de desconfianza y descrédito en Chile requieren de un tipo de liderazgo político que entregue convicción. Convicción para reprochar las conductas indebidas -incluidas las de cercanos o afines políticamente. Convicción para asegurarse que organismos fiscalizadores, fiscales y jueces puedan actuar con las atribuciones, independencia e imparcialidad que nos merecemos como República. En fin, convicción para dejar claro que no hay espacio, condiciones ni posibilidad de proponer pacto político o acuerdo que matice la total transparencia y la definición de las responsabilidades correspondientes.

Lamentablemente, la percepción es que nuestras autoridades no han logrado hasta ahora transmitir esa convicción.

En escenarios dramáticos -como los que vivimos ahora- se requieren medidas dramáticas. Es ahora cuando se necesita de líderes que logren patear el tablero, cambiar las reglas del juego y propongan cambios para superar el crispado ambiente nacional, actuando solo por convicción, sin calcular las consecuencias de las decisiones. Tal y como actúan los profetas.

Imposible no hacer una referencia final al mundo de la empresa. Porque reconozcamos que en este entorno social no es fácil desarrollar la actividad productiva. Tal como decía acertadamente hace unos días Bernardo Larraín en un foro de Icare, “sabemos que Chile vive una crisis de confianza y legitimidad de sus instituciones y que el mundo de la empresa está en el centro de ella, que esta trasciende con creces los casos de connotación pública y que la única manera de sobrellevar esta realidad es actuando con convicción en la autorregulación preventiva y oportuna”. Un diagnóstico especialmente atingente para las empresas fiscalizadas que transan en bolsa o aquellas de mayor connotación pública que están sujetas al crecientemente duro escrutinio de consumidores y ciudadanos.

Pero la clave para que funcione lo que plantea Larraín está en el convencimiento de la alta dirección de una empresa de implementar una estrategia que tenga como foco principal el ataque a los potenciales conflictos de interés, las asimetrías de información que enfrentan los consumidores así como cualquier práctica que atente contra la libre competencia. Directivos orientados a actuar correctamente. Directivos convencidos que es la única manera de tener éxito. Directivos que sean profetas en su industria.