Pepito paga doble

La noticia a lo mejor la leyó hace un par de días atrás. La SEC, el símil gringo de nuestra SVS, informó que le pagó una recompensa a un individuo anónimo de cerca de 
US$ 14 millones -sí, millones de dólares- por haberle entregado información relevante que estaría llevando a desentrañar un millonario fraude financiero. La información deja todavía mucho a la imaginación porque la SEC no ha dado a conocer el nombre de la firma involucrada ni de los eventuales imputados, pues se pretende asegurar el anonimato del denunciante. Pero no hay duda que se viene un caso grave.

¿Por qué pagarle dinero a alguien que hace una denuncia? Porque uno de los grandes aprendizajes de la crisis de 2008 para todo el mundo es que en la batalla por enfrentar delitos y fraudes financieros de gran escala se requiere innovar en las lógicas de fiscalización. Y con los esquemas usuales de monitoreo se producían desempeños investigativos tan defectuosos para la SEC como no haber sido capaces de detectar a Madoff y su esquema Ponzi. Por eso es que la ley Dodd-Frank le permitió a la SEC contar con el modelo de recompensas por denuncias anónimas más agresivo del que se tenga memoria. Y vaya que está funcionando, pues desde su puesta en marcha el año pasado se han pagado ya recompensas por tres casos. 
¿Es US$ 14 millones mucho dinero? Depende. La SEC puede pagar una recompensa que puede ir entre un 10% y 30% del monto que se va a recaudar por concepto de multa. Más de alguno puede creer que es un gasto público indebido o derechamente inmoral, pues debería ser un deber ciudadano denunciar los fraudes financieros de los que se tenga conocimiento. Pero desde un punto de políticas públicas es un incentivo completamente alineado al interés social -se descubre y sanciona el fraude- además de eficiente -la recompensa se paga con parte menor de la multa-, de manera que es una medida más que justificada.

Evidentemente es una herramienta que debe ser utilizada con prudencia y bajo ciertos requisitos. Miremos por ejemplo cuáles son las exigencias que plantea la SEC antes de autorizar una recompensa: a) debe ser una información original y de una entidad suficiente como para demostrar una infracción grave a la ley; b) la información debe ser entregada por una persona natural o un conjunto de persona, pero no por compañías, evitando incentivos perversos entre competidores; c) no se paga recompensa a menos que la información lleve a la SEC a iniciar acción formal por sanciones que superen US$ 1 millón.

Ahora, ¿se imagina lo conveniente que sería para la SVS y otros reguladores el contar con una herramienta fiscalizadora tan eficaz? Siempre es peligroso jugar a la ficción, pero si se hubiere implementado en Chile la recompensa seguro que más de algún integrante de la plana ejecutiva de La Polar habría tenido el incentivo para denunciar el fraude que se estaba cocinando en las finanzas de la empresa.


Hay justificación, entonces, para considerarlo.


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