Pepito paga doble

La noticia a lo mejor la leyó hace un par de días atrás. La SEC, el símil gringo de nuestra SVS, informó que le pagó una recompensa a un individuo anónimo de cerca de 
US$ 14 millones -sí, millones de dólares- por haberle entregado información relevante que estaría llevando a desentrañar un millonario fraude financiero. La información deja todavía mucho a la imaginación porque la SEC no ha dado a conocer el nombre de la firma involucrada ni de los eventuales imputados, pues se pretende asegurar el anonimato del denunciante. Pero no hay duda que se viene un caso grave.

¿Por qué pagarle dinero a alguien que hace una denuncia? Porque uno de los grandes aprendizajes de la crisis de 2008 para todo el mundo es que en la batalla por enfrentar delitos y fraudes financieros de gran escala se requiere innovar en las lógicas de fiscalización. Y con los esquemas usuales de monitoreo se producían desempeños investigativos tan defectuosos para la SEC como no haber sido capaces de detectar a Madoff y su esquema Ponzi. Por eso es que la ley Dodd-Frank le permitió a la SEC contar con el modelo de recompensas por denuncias anónimas más agresivo del que se tenga memoria. Y vaya que está funcionando, pues desde su puesta en marcha el año pasado se han pagado ya recompensas por tres casos. 
¿Es US$ 14 millones mucho dinero? Depende. La SEC puede pagar una recompensa que puede ir entre un 10% y 30% del monto que se va a recaudar por concepto de multa. Más de alguno puede creer que es un gasto público indebido o derechamente inmoral, pues debería ser un deber ciudadano denunciar los fraudes financieros de los que se tenga conocimiento. Pero desde un punto de políticas públicas es un incentivo completamente alineado al interés social -se descubre y sanciona el fraude- además de eficiente -la recompensa se paga con parte menor de la multa-, de manera que es una medida más que justificada.

Evidentemente es una herramienta que debe ser utilizada con prudencia y bajo ciertos requisitos. Miremos por ejemplo cuáles son las exigencias que plantea la SEC antes de autorizar una recompensa: a) debe ser una información original y de una entidad suficiente como para demostrar una infracción grave a la ley; b) la información debe ser entregada por una persona natural o un conjunto de persona, pero no por compañías, evitando incentivos perversos entre competidores; c) no se paga recompensa a menos que la información lleve a la SEC a iniciar acción formal por sanciones que superen US$ 1 millón.

Ahora, ¿se imagina lo conveniente que sería para la SVS y otros reguladores el contar con una herramienta fiscalizadora tan eficaz? Siempre es peligroso jugar a la ficción, pero si se hubiere implementado en Chile la recompensa seguro que más de algún integrante de la plana ejecutiva de La Polar habría tenido el incentivo para denunciar el fraude que se estaba cocinando en las finanzas de la empresa.


Hay justificación, entonces, para considerarlo.


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Choque de trenes evitable

Se conoció por estos días el choque de trenes de dos autoridades: la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) se negó a entregarle al Ministerio Público los antecedentes en los que se detallan las operaciones de las sociedades cascadas. Se justificaba la SVS en que tiene un mandato legal de reserva, y que solo estaba en condiciones de entregar la información en la medida que el Ministerio Público pudiera dar garantía de la misma reserva. Sin embargo, ocurrió que la información investigada, a la que ya tenían acceso las partes, se terminó filtrando a la prensa, haciéndose ahora difícil para la SVS mantener su negativa.

Pero, más allá de que se termine por resolver favorablemente esta solicitud, queda flotando en el aire la sensación de un vacío procedimental en la manera en que deben resolver su interacción la SVS y el Ministerio Público. Ocurre que la ley no es explícita a la hora de resolver cómo deben interactuar cuando enfrentan situaciones infraccionales constitutivas de delito a la ley de valores, como son el uso de información privilegiada, información falsa o tendenciosa o manipulación de precios. Son situaciones que individualmente pueden ser perseguidas administrativamente por la SVS y penalmente por el Ministerio Público, produciéndose un natural choque de competencias entre ambas autoridades.

La solución no es evidente pero sí debiera reconocer lo que ha venido ocurriendo en la práctica en los últimos años, donde ha sido siempre la SVS la que ha iniciado los procesos investigativos y la que ha formulado antes los cargos. Y donde el Ministerio Público, a su turno, ha tenido más bien una política de seguidor, utilizando los antecedentes ya recabados por la SVS, y solo a partir de ahí iniciar su propia evaluación para las formalizaciones.

Hay que tener presente además una consideración legal. El procedimiento de formulación de cargos de la SVS es solo una imputación de presunción, pudiendo ocurrir que al cabo de los 6 meses de descargos y pruebas se declare por la misma SVS la absolución de quien se presumía infractor. Solo cuando existe la certeza de la resolución administrativa sancionadora es que debería empezar a correr el plazo de 48 horas que legalmente obliga a una autoridad pública -en este caso la SVS- para que denuncie al Ministerio Público la infracción delictual a la ley de valores y sea esa autoridad la que evalúe si amerita persecución penal. 
Esta controversia vuelve a recordar lo importante que será ajustar el proyecto de ley que reforma la SVS y la convierte en Comisión de Valores y Seguros (CVS), y que entre otras materias incluirá la figura de la delación compensada para rebajar la sanción a quienes cooperen en la investigación de infracciones. Imagínese el poco incentivo que tendrá de cooperar quien tema que la CVS le entregue un trato preferente por cooperar pero que el Ministerio Público, en paralelo, busque formalizarlo a todo evento, sin consideración alguna a la ayuda prestada a la CVS.

Un protocolo de coordinación obligatorio por ley es la única manera de evitar un nuevo choque de trenes.