Arturo, dale un nuevo Gobierno Corporativo al fútbol

Me reconozco un hincha fanático del fútbol. De los que sigue al detalle las informaciones y rumores de los clubes, que se sabe formaciones de equipos de hace décadas, que sufre cuando su equipo pierde y que se emociona en las contadas ocasiones que sale campeón la selección o su club (¡por fin Católica!).  Nada muy racional ni para sentirse orgulloso, pero es incontrolable. Fanatismo incondicional que es justamente lo que se espera de un seguidor fiel.

 Incondicionalidad en la cancha, pero no fuera de ella. Por eso sigue generando tanta frustración el nivel de despelote y corrupción en el que terminó la anterior  directiva del fútbol chileno. Hace unos días se hicieron públicos los primeros detalles de un informe forense preparado por una auditora externa sobre el período de Sergio Jadue al mando de la ANFP. Impactantes resultados. Aparecen traspasos de varios millones de dólares a clubes favoritos, pagos de servicios no prestados, contrataciones millonarias a sus amigos, gastos en arriendos de aviones privados para traslados de él y un largo etcétera de cuestiones derechamente indebidas. Esta evidencia contable se suma al reportaje que la revista El Sábado publicara hace algunas semanas relatando los últimos meses de Sergio Jadue en el poder, donde se evidencia a un presidente omnipresente,  plenipotenciario y no sujeto a las mínimas reglas de control en su relación con la selección chilena, los dineros de la ANFP, los clubes e incluso con las autoridades políticas.

Con ese estilo de conducción por parte del expresidente los excesos eran una crónica de una muerte anunciada. Jadue tendrá que responder por ello. Pero también queda pendiente que el resto de los integrantes de ese directorio, el gerente general y el resto de la Administración rindan cuenta de su negligencia y falta de cuidado en controlar este caos. Demuestra una falla total y absoluta del modelo de gobierno corporativo de la ANFP.

 Hace algunos meses asumió el cargo de presidente Arturo Salah. Ex jugador, ex entrenador de la selección, ex Subsecretario de Deportes y ex directivo de Colo Colo. Más allá de sus pergaminos futboleros, Salah tiene también la fama de ser una persona metódica y bien intencionada.  Todos elementos relevantes para ejercer su liderazgo en un momento de evidente crisis. Sin embargo, ningún atributo personal será suficiente para enmendar el desastre institucional si no se realizan cambios en la lógica y estructura de gobierno corporativo que dirige el fútbol en Chile.

 Valdría la pena que Salah se enfocara en impulsar modificaciones organizacionales de fondo. Que aun cuando la ANFP no es una sociedad anónima abierta, reformara los estatutos para promover: i) reconocimiento expreso de deberes y responsabilidades de cada director; ii) instalación de un Comité de Auditoría en donde se incluyan directores independientes no vinculados a los clubes, para revisar en profundidad operaciones con conflicto de interés; iii) formalizar procesos, delimitando atribuciones de cada nivel organizacional y precisando las prácticas prohibidas; iv) adoptar un sistema contable que sea estricto en estándares y controles, y permita la actualización continua, la preparación de reportes internos, y la trazabilidad de los registros y operaciones.  En simple, una cultura que promueva el accountability de todos sus estamentos.

 Ojalá que Salah tenga el liderazgo para promover estos y otros cambios.  Los hinchas de verdad se lo vamos a agradecer tanto como haber sido campeones de América.

 

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Directores independientes en empresas públicas, ¿independientes de quién?

La noticia apareció hace algunos días. El Ministerio de Hacienda anunció una indicación a un proyecto de ley para incluir la exigencia de contar con directores independientes en las empresas públicas. De acuerdo con el comunicado, se busca “representar de mejor manera los derechos y deberes del Estado en su rol de propietario e incorporar en los directorios de las empresas públicas a directores independientes”. Aunque escueto y sin entrar en mayores detalles, un potente mensaje que fue bien recibido en el mercado.

Históricamente, la lógica que estuvo detrás de la propiedad estatal de empresas ha estado compuesta por una mezcla de objetivos de política industrial, de gestión de monopolios naturales, de desarrollo regional o de suministrar bienes públicos donde los privados no tenían los incentivos para hacerlo. Pero aunque algunas de esas lógicas se mantienen vigentes, sigue también presente la necesidad de modernizar el gobierno corporativo de la mayoría de las empresas públicas. Una tarea todavía pendiente en Chile, aunque no exclusiva de estas latitudes. En varios países de la OCDE se repiten dos importantes paradigmas en la propiedad de las compañías estatales. ¿Cuáles? Veámoslos en detalle.

El primer paradigma es cómo garantizar iguales condiciones de mercado en términos que las empresas privadas pueden competir con las empresas públicas sin que existan subsidios indebidos o regulaciones gravosas que solo buscan dificultar la competitividad de los privados. Una situación que se da, por ejemplo, en Argentina, pero que en Chile, reconozcámoslo, se encuentra por ahora acotada. ¿Unos santos los administradores de empresas públicos chilenos? Simples incentivos. Ocurre que las empresas públicas que participan de mercados competitivos se encuentran también sujetas a la institucionalidad de defensa de la libre competencia, una que ha demostrado a través del TDLC y de la FNE independencia suficiente para estar muy atenta a cualquier infracción de empresa privada o pública.

Un segundo paradigma de las empresas públicas que sí tiene implicancias para Chile es el adecuado equilibrio entre la responsabilidad del Estado de ejercer activamente sus funciones de propiedad -incluyendo la nominación y la elección del directorio- y al mismo tiempo abstenerse de realizar interferencias políticas indebidas en la gestión de las empresas públicas. Un problema que no solo se puede producir por un intervencionismo influido en motivaciones políticas, sino también por una gestión de la propiedad totalmente pasiva o distante por parte del Estado.

Recordemos que el Estado de Chile es propietario no solo de las empresas públicas más conocidas, como Codelco, Metro, BancoEstado, ENAP y Televisión Nacional, sino que también de otra veintena de empresas agrupadas bajo el Sistema de Empresas Públicas (SEP). Adicionalmente, el SEP representa los derechos de Corfo como accionista minoritario en empresas como Aguas Andinas, Essbio, Esval y Essal. No hay duda entonces que se trata de un conjunto de empresas de amplia transversalidad sectorial y de gran impacto público, por el tipo de servicios que prestan.

Volvamos ahora al anuncio del Ministerio de Hacienda. No deja de ser paradigmático que se busque nombrar “directores independientes” en las empresas públicas. Porque el lenguaje a veces nos juega malas pasadas y, frente a un mismo concepto, podemos estar entendiendo distintas cuestiones. ¿La independencia se referirá al mecanismo de selección, exigiendo que estos sean nombrados por instancias públicas diferentes al Poder Ejecutivo?, ¿la independencia se estará considerando como un juicio subjetivo, en términos que se seleccione a personas con perfil ideológico diferente del gobierno de turno?, ¿o será que la independencia se medirá por el tipo de mandato que se entregará a esos directores, en términos que deberán velar por el “interés social de la empresa” y no por el interés del accionista?

Como se ve, distintas acepciones de enfrentar la independencia de un director. El contenido del proyecto es por ahora una incógnita y resulta difícil conjeturar, pero en cualquier caso debería contener al menos un mecanismo de nominación mixta de esos directores, donde participe activamente el sistema de Alta Dirección Pública, seleccionando a candidatos con idoneidad profesional, experiencia en dirección de empresas y entendimiento de las realidades de entorno en las cuales se desenvuelven las empresas públicas. La experiencia de Codelco, única empresa pública chilena que ha adoptado el mecanismo de selección mixta de directores, ha demostrado que funciona y que resulta conveniente para los intereses de la empresa.

¿Conclusión inicial?

Buena decisión del ministro Valdés. El solo hecho de contar con directores de perfil independiente ayudará a fortalecer la calidad y accountability de los directorios de empresas públicas. Sería un gran paso hacerlo extensivo a todas ellas antes del próximo cambio de Gobierno.

Legitimidad social: tarea pendiente de los gremios empresariales

Le propongo un ejercicio mental. Intente pensar si existe en Chile algún área de negocios o sector empresarial cuyos intereses no se encuentren organizados bajo la figura de una asociación. Difícil. Haciendo un rápido recorrido reconocemos que todos quienes hacen oferta de productos o servicios cuentan con algún tipo de organización. Desde las asociaciones más tradicionales y reconocidas como la SOFOFA y la Cámara de la Construcción, pasando por las vinculadas a sectores regulados como las de Isapres, Bancos o AFP, hasta las de más reciente creación como la de Asociación de Alimentos y Bebidas de Chile, de Generación Eléctrica o del Retail Financiero. Con mayor o menor profundidad, todas buscan resguardar “el interés de sus asociados”.
Hasta hace no muchos años atrás la competencia natural entre las empresas incentivaba que cada una buscara relacionarse de maneras individuales con autoridades, fiscalizadores, consumidores organizados, parlamentarios y opinión pública. Pero esa lógica empresarial cambió, las empresas buscaron asociarse y le entregaron la responsabilidad del relacionamiento con los distintos stakeholder a las asociaciones gremiales.

¿Qué está incentivando el cambio de la acción empresarial individual a una colectiva? Cierto tipo de contribución entre agremiados puede amplificar los beneficios individuales, como la promoción y marketing común para una industria o la defensa de un interés frente a la amenaza de una industria competidora. Pero lo cierto es que junto con esas acciones la realidad muestra que el foco de acción principal de estas asociaciones está orientado a presentar la opinión común frente a nuevas iniciativas regulatorias de la autoridad de turno. ¿Una estrategia razonable? Completamente. De hecho, desde la lógica de un buen proceso de generación de políticas públicas es indispensable considerar las opiniones de las empresas afectadas por la nueva regulación.

El problema es desde qué zapatos habla esa asociación al plantear sus puntos de vista. ¿En quién piensa la asociación de empresas de alimentos al reclamar sobre la nueva norma de etiquetados?, ¿A quién defiende la Asociación de Bancos en la regulación del consentimiento expreso en los contratos financieros? La respuesta es bastante obvia, me dirá usted. Defienden los intereses de las empresas. Bueno, ese es justamente el problema… para la legitimidad de las mismas empresas y para la sana discusión de futuras políticas públicas.

Tal como demuestra la encuesta Bicentenario de la PUC de hace unos años, cuando se le pregunta a los chilenos cuál es su opinión sobre “los bancos” un mayoritario 62% declara poca o nula confianza. En cambio, cuando se les pregunta por el banco “de su cuenta corriente”, se revierte la opinión con más de un 60% declarando tenerle mucha o bastante confianza. Similar bipolaridad se da cuando se pregunta por la confianza en “las empresas” con solo un 16%, comparado con la confianza en “la empresa donde usted trabaja”, con un 72% de confianza. Extrapolando esta evidencia se podría concluir que los chilenos tienden a desconfiar de los grupos de empresas, incluyendo por cierto entonces a las asociaciones gremiales. Más allá de las causas de esta realidad, es un hecho que las asociaciones enfrentan un escenario complejo.

¿Qué pueden hacer los gremios ante esta realidad?
Enfrentamos en Chile y el mundo un entorno social crecientemente exigente con las empresas. Aumentó el estándar en trasparencia, libre competencia, sustentabilidad y en legitimidad social. Por eso me parece que los nuevos tiempos obligan a los gremios a repensar la manera de estructurar sus asociaciones y las señales públicas que dan de su gobierno corporativo. Digo esto especialmente respecto de gremios que representan a industrias que prestan servicios públicos de alto impacto social, como lo son por ejemplo las empresas asociadas a los servicios financieros (bancos, retail, AFP) y las utilities (eléctricas, telefonía).

En esos casos, propongo que las asociaciones repliquen una práctica de gremios empresariales de países de la OECD: que los estatutos de esos gremios consideren Directorios con integración no solo de directores representantes de las empresas (típicamente sus gerentes, directores, o controladores) sino también se complemente con la de directores independientes: profesionales elegidos por las propias asociaciones pero sin vínculo laboral o económico con ninguna empresa. Directores públicamente reconocidos que, enfrentados a opinar sobre una determinada nueva regulación, no tengan otra consideración que su expertise profesional, su reputación personal o su experiencia como usuario. Eso le permitiría a las asociaciones revestir de mayor representatividad las recomendaciones de su Directorio.

Solo las asociaciones gremiales que sean capaces de demostrar su independencia de juicio ante la ciudadanía tendrán mayor legitimidad para plantear sus opiniones y propuestas.

Más difícil que nunca

Se acerca una nueva temporada de juntas de accionistas para la mayoría de las sociedades anónimas en Chile. Un período marcado no solo por el reporte anual que deben hacer, sino especialmente por los cambios y nombramientos de nuevos directores en las compañías, incluyendo los definidos por las AFP y otros institucionales, que este año estará además muy influido por la avalancha de noticias veraniegas que ya conocemos.

¿Y qué factores deberían considerar entonces esos potenciales candidatos a director en este nuevo escenario nacional antes de aceptar sus nominaciones? Que nunca antes en Chile había sido tan difícil ejercer el rol de director de sociedades anónimas. La dificultad radica en las altas expectativas que la opinión pública, inversionistas institucionales, autoridad fiscalizadora y los tribunales les exigen a quienes ejercen esa función.

En una columna anterior comentamos lo poco claro que resultaba el mandato de la ley chilena al señalar que “la administración de la sociedad anónima la ejerce el directorio”. Un fraseo ambiguo que puede generar confusión no solo en los roles de la administración y del directorio, sino que tiene efectos a la hora de determinar la responsabilidad legal que les corresponde asumir a los directores. Es bien distinto responder por el diligente cumplimiento de los deberes de cuidado cuando se debe supervisar las políticas de una empresa que cuando se debe administrar su día a día.

A esa dificultad legal se le ha sumado una de entorno social. Porque hace solo una década atrás la realidad era muy diferente: si a un director/gerente general le preguntaban bajo qué parámetros sería evaluado su desempeño, con un alto grado de probabilidad la respuesta común habría sido que su objetivo era “generarle valor a la compañía”, y que los indicadores para medir el cumplimiento de esa tarea eran evidentes: market share, estados de resultado y precio de la acción. Todos factores económicamente objetivos que demostraban cuanta sagacidad y eficiencia habían empleado los directores en la gestión de cada una de las compañías.

Pero ya sabemos cómo cambió la historia de Chile estos últimos años, con episodios públicos en materia económica, política e incluso eclesial que han remecido la confianza en las instituciones chilenas. Desconfianza que trajo aparejado un cambio en el paradigma de qué se espera de un director de sociedad anónima. Porque está claro que la sola observación del cumplimiento de indicadores financieros ya no es suficiente y se espera más de las compañías. Mucho más.

Las encuestas a la opinión pública, que son los consumidores al final del día, han venido mostrando una tendencia clara respecto a que las utilidades de las principales empresas del país están bajo sospecha. Se cree que mayoritariamente se han obtenido bajo la lógica de abusar de los consumidores. ¿Una creencia que mezcla a justos con pecadores? Concedido. Pero lo concreto es que el juicio público es un dato de la causa, que tiene poco que ver con ideologías determinadas y que tiene su origen en la ocurrencia de casos de abuso o fraude de alta connotación pública.

Y reconozcamos que es difícil para una compañía y sus directores lidiar con esa percepción pública. Porque ya sabemos que hay una correlación directa entre la percepción/reputación de una compañía y sus resultados. Por eso los directorios chilenos tienen un desafío más relevante que nunca en ajustar las estrategias de desarrollo de las compañías. Así, junto con definir las inversiones y políticas comerciales, los directorios deberán incluir también acciones decididas que ayuden a demostrar que la compañía cuenta con un compromiso de buen gobierno corporativo, con políticas de protección a sus clientes, de producción sustentable y de buena vecindad con las comunidades donde realiza su actividad productiva.

Usted dirá que todas esas acciones son archiconocidas y que la mayoría de las grandes empresas  las tienen ya declaradas como políticas oficiales. Cierto, pero los hechos y las encuestas muestran que la percepción pública no termina de reconocer ese cambio en la estrategia de las empresas chilenas, demostrando que puede haber buena intención declarando y aprobar esas políticas, pero que debe lidiarse con la dura realidad de un entorno desconfiado. Un camino que obliga entonces a testear la efectividad de esa estrategia permanentemente. Es, sin duda, una tarea que requiere el liderazgo decidido del directorio, única manera de permear culturalmente a todos los trabajadores de la compañía su relevancia estratégica. Un elemento central de demostrar es que se incluya el cumplimiento efectivo de esas políticas en el esquema de compensación a la administración.

Volvamos al inicio de esta columna. Decía que en las próximas semanas se desarrollará la mayoría de las juntas de accionistas en Chile. Es tiempo de evaluación. Para que los accionistas evalúen no solo si la alta dirección les ha generado valor actual, sino que también qué tan activo y eficiente ha sido el directorio para ajustar sus estrategias de desarrollo al nuevo entorno que nos rodea y generarles valor potencial a sus acciones.

Como ve, no es poca cosa. Para pensar una y cien veces si vale la pena ser director de sociedad anónima.

La hora de los profetas

En su más conocida ponencia pública, Weber decía que el buen político era el que no se guiaba exclusivamente por la ética de la convicción, sino el capaz de incluir una importante dosis de responsabilidad a su actuar. Decía que quienes actúan únicamente según convicciones absolutas se transforman en profetas, pues no les queda otra posibilidad que la de condenar toda acción pública que utilice medios moralmente peligrosos.

Pero ninguna ética del mundo, dice Weber, puede eludir que para conseguir fines “buenos” hay que considerar en muchos casos la probabilidad de consecuencias moralmente reprochables. Por esa consideración, afirma el alemán, quien es profeta no puede ser un buen político.

Pero seguramente Weber habría matizado su reflexión si viviera por estos días en Chile, marcados por el noticioso verano del 2015:  Penta, Caval, Soquimich, uso de información privilegiada y colusión en los pollos. Un mix explosivo de acontecimientos que ha aumentado, aún más, los ya conocidos bajos niveles de confianza en las instituciones públicas y en las empresas privadas. En pocos meses el 2015 ya superó al que parecía ser el año ícono de esta primera parte del siglo XXI chileno: el 2011. Fue cuando conocimos del fraude de La Polar, la colusión en las farmacias, las marchas contra el lucro en la educación y proyectos ambientales, así como los abusos cometidos por sacerdotes. Parecía que ese 2011 sería un momento paradigmático en la historia de Chile. Pero ya sabemos que nos quedamos cortos y que este 2015 ya tiene asegurado un sitio mucho más relevante en los libros de historia.

Frente a un escenario social de tal descrédito de las elites políticas y del mundo empresarial, debería ser preocupación prioritaria de un buen político recuperar la legitimidad de la institucionalidad. Porque con una sociedad enrabiada con las instituciones se hace derechamente imposible avanzar. Hace solo una década se decía que a Chile le sobraba institucionalidad y le faltaba ciudadanía. Que esa era la manera de sobrellevar un país donde nunca ha existido mucha confianza. A nivel social, la Encuesta Mundial de Valores (2010-2014) muestra que solo un 12% de los chilenos cree que se puede confiar en la mayoría de las personas mientras que alrededor de un 70% prefiere ser precavido y cuidadoso en el trato con los demás. Que por eso era bienvenido que los chilenos en los últimos años manifestaran de manera pública y organizada sus posiciones. Lo que nadie previó es que en esa misma década se desplomara de manera tan brutal la confianza en las instituciones (políticas, económicas, religiosas) y se generara la actual crispación social.

Por eso digo que Weber probablemente reestructuraría su discurso, pues tendría que reconocer que los niveles de desconfianza y descrédito en Chile requieren de un tipo de liderazgo político que entregue convicción. Convicción para reprochar las conductas indebidas -incluidas las de cercanos o afines políticamente. Convicción para asegurarse que organismos fiscalizadores, fiscales y jueces puedan actuar con las atribuciones, independencia e imparcialidad que nos merecemos como República. En fin, convicción para dejar claro que no hay espacio, condiciones ni posibilidad de proponer pacto político o acuerdo que matice la total transparencia y la definición de las responsabilidades correspondientes.

Lamentablemente, la percepción es que nuestras autoridades no han logrado hasta ahora transmitir esa convicción.

En escenarios dramáticos -como los que vivimos ahora- se requieren medidas dramáticas. Es ahora cuando se necesita de líderes que logren patear el tablero, cambiar las reglas del juego y propongan cambios para superar el crispado ambiente nacional, actuando solo por convicción, sin calcular las consecuencias de las decisiones. Tal y como actúan los profetas.

Imposible no hacer una referencia final al mundo de la empresa. Porque reconozcamos que en este entorno social no es fácil desarrollar la actividad productiva. Tal como decía acertadamente hace unos días Bernardo Larraín en un foro de Icare, “sabemos que Chile vive una crisis de confianza y legitimidad de sus instituciones y que el mundo de la empresa está en el centro de ella, que esta trasciende con creces los casos de connotación pública y que la única manera de sobrellevar esta realidad es actuando con convicción en la autorregulación preventiva y oportuna”. Un diagnóstico especialmente atingente para las empresas fiscalizadas que transan en bolsa o aquellas de mayor connotación pública que están sujetas al crecientemente duro escrutinio de consumidores y ciudadanos.

Pero la clave para que funcione lo que plantea Larraín está en el convencimiento de la alta dirección de una empresa de implementar una estrategia que tenga como foco principal el ataque a los potenciales conflictos de interés, las asimetrías de información que enfrentan los consumidores así como cualquier práctica que atente contra la libre competencia. Directivos orientados a actuar correctamente. Directivos convencidos que es la única manera de tener éxito. Directivos que sean profetas en su industria.

El dilema del Director

Será cada vez más difícil ser director de sociedad anónima en Chile. Las recientes resoluciones de la SVS en el ya comentado caso Cascadas son un recordatorio de los exigentes deberes fiduciarios a los que se encuentran obligados los directores, más aun considerando que el entorno social, político y económico está crecientemente complejo. 
Hay un caso en que es especialmente difícil ejercer el rol de director: el gerente de una matriz que se desempeña al mismo tiempo como director de una empresa filial de esa matriz. Una práctica altamente extendida en las empresas y grupos económicos chilenos pero que no se encuentra formalmente resuelta en la ley de sociedades anónimas.

¿Cuál sería el problema? Supongamos que usted es gerente general de una empresa matriz y su directorio lo nombra director en una de sus filiales. El objetivo perseguido es sensato, pues su directorio lo nombra buscando que controle y ejecute en la filial los objetivos definidos en la matriz. Pero la ley no reconoce esta doble militancia de gerente de matriz/ director de filial y entonces podría ver enfrentados sus incentivos naturales de gerente con las obligaciones legales que se esperan de un director.

El problema se hace patente cuando no hay coincidencia absoluta entre los intereses de la filial y de la matriz. Imagine por ejemplo que la matriz es dueña de solo el 50% de la propiedad de la empresa filial y que el directorio de la filial debe tomar una decisión de negocios que no es neutra: debe decidir si reparte dividendos a los accionistas o los capitaliza para un plan de desarrollo. Déjeme ser cruel con usted y haga más difícil el ejercicio: imagine que la recomendación del gerente general de la filial sea capitalizar y que la opinión del directorio de su matriz es que se repartan íntegramente las utilidades.

La pregunta entonces es ¿qué haría usted enfrentado a ese dilema? ¿sería leal al directorio de la matriz o a la recomendación de la administración de la filial?
La respuesta a esas preguntas no es obvia. Porque es evidente que tanto las evaluaciones y compensaciones por su desempeño dependerán exclusivamente de la evaluación del directorio de la matriz. Esa sola consideración confirma que el gerente/director tendrá como incentivo natural enfocar su gestión de director pensando en cómo maximizar el resultado obtenido en la matriz por sobre el obtenido en la filial. Pero sabemos que la ley de sociedades anónimas en Chile es extremadamente clara al señalar que el único objetivo que debe tener a la vista un director es velar por el “interés social” de la compañía, sin distinguir si ésta es filial o matriz, de manera que el gerente/director no tendría alternativa más que enfocarse en el interés de la filial.

Ahora bien, es justo decir que en la gran mayoría de los casos el interés social de una compañía filial coincidirá con el de su compañía matriz, de manera que no habrá conflicto alguno. Pero puede llegar a ocurrir lo contrario, surgiéndole un gran dilema al director de la subsidiaria respecto a cómo ejercer adecuadamente sus deberes de lealtad, cuidado y reserva

Hubo una época

Hubo una época en que la clase política entendía que su principal responsabilidad era consensuar acuerdos para reformas transversales. Hubo una época en que creímos que ese consenso era la clave de la buena convivencia social. Cito a Ricardo Lagos en uno de sus últimos actos como Presidente al asistir a la comida anual de la SOFOFA de 2006: “lo que he aprendido en estos 6 años es que problemas tremendamente complejos y difíciles se pudieron resolver en tanto fuimos capaces de generar condiciones básicas de consenso y entendimiento”. Lagos concluía su discurso con la idea de que “tal vez nunca en la historia tuvimos un grado tan alto de consensos de qué es lo que nos convoca como país y que tareas tenemos por delante”. Bajo ese paradigma fue que en los últimos 25 años se han implementado reformas tan importantes como las concesiones en obras públicas, la jornada escolar completa, la reforma procesal penal, sistema de pensiones, el AUGE, el ingreso ético familiar y tantas otras más.

Hubo una época en que incluso esos actores políticos y gremios empresariales, enfrentados a escenarios económicos muy adversos (como los actuales), acordaban agendas pro crecimiento que buscaban reactivar la economía y fomentar el empleo. Quizás la más famosa de esas agendas sea la acordada por Nicolás Eyzaguirre y Juan Claro, por ese entones Ministro de Hacienda y Presidente de la CPC respectivamente, donde se convenían 28 medidas destinadas a darle un impulso competitivo a nuestra economía. Todo un hito por su legitimidad y aceptación transversal.

¿A propósito de que viene este recuento histórico? Es que pareciera que el discurso de Lagos el 2006 y la Agenda pro Crecimiento de la dupla Eyzaguirre-Claro fuera hace tan poco tiempo y sin embargo tantas cosas han cambiado en Chile. Resulta evidente que la convivencia socio política se deterioró y, consecuentemente, la idea de un desarrollo fundado en la política de los consensos. Usted conoce de sobra ejemplos de ese deterioro. Cuando personeros de este gobierno hablan de la retroexcavadora para acabar con las bases de la institucionalidad económica, cuando personeros de la administración pasada aseguran que “en 20 días se ha avanzado más que en 20 años”, cuando líderes sociales promueven activamente las tomas de establecimientos, cuando líderes empresariales amenazan por los diarios con sacar sus inversiones del país. Todos somos responsables del progresivo deterioro de la política de los consensos.

Volvamos ahora a la actualidad y el difícil escenario económico que se vislumbra. Es que el bajo IMACEC y las proyecciones de crecimiento a la baja conocidas hace algunas semanas ponen presión en las autoridades políticas y económicas a tomar acciones decididas para tratar de revertir esta situación. Dando señales públicas que demuestren la importancia de actuar prontamente. Escuchando a empresarios y académicos para sondear que es lo que está limitando el desarrollo de las empresas. En fin, proponiendo un conjunto de medidas efectivas para retomar la inversión y la confianza empresarial. Pero esas medidas no tendrán viabilidad a menos que incorporen también el nuevo mantra nacional: Chile cambió, es más complejo social y políticamente, y persiste cierta desconfianza en los consumidores respecto del mundo empresarial. Por eso la puesta en escena que otrora eran aplaudidas, como las tradicionales negociaciones a puertas cerradas entre el ministro de Hacienda y el Presidente de la CPC, son necesarias pero no suficientes. Quien lidere estos acuerdos debe ser creativo en listado de medidas reactivadoras y sobre todo en la manera de legitimarlas públicamente con los trabajadores, organizaciones sociales relevantes y opinión pública.

La buena noticia para esa agenda reactivadora consensuada es que cuenta con un respaldo mayoritario: según la encuesta CEP, más del 63% dice preferir la política de los consensos. El reto es promoverlos en una clase política difícil, con medidas creativas concretas que promuevan la inversión y dándole la legitimidad social que el nuevo Chile espera. Como ve, una bicoca. Por eso, quien sea capaz de aceptar ese desafío y de implementarlo tendrá bien ganada la chapa de líder. Chile lo necesita.

El caso Gowex

El último fraude financiero que remece al mercado español es una historia que ya conocemos. La empresa Gowex, compañía que se dedica a proveer servicios de internet gratuito en Europa y en EEUU, y que transaba en el Mercado Alternativo Bursátil (bolsa de pymes), estuvo maquillando por más de 4 años sus estados financieros. Un fraude que engañó a miles de inversionistas hasta que se que se toparon con una consultora de EEUU que en un informe público de hace una semana comenzaba con tres conclusiones demoledoras: el 90% de sus ventas son falsas; las acciones de Gowex tienen valor cero; y su transacción en Bolsa será suspendida. Solo unos pocos días después se demostraba que todas las predicciones de la consultora eran ciertas, desatando de paso una sospecha generalizada sobre la veracidad de la información financiera que entregan el resto de las empresas españolas transadas en Bolsa.

La pregunta no se ha hecho esperar en España: ¿Dónde estaba el directorio de Gowex para evitar todo este fraude?, ¿qué rol tuvieron los auditores?, ¿y qué pasó con los reguladores?
Respecto del directorio, sus directores han dicho que no estaban enterados que el presidente ejecutivo estaba manipulando los estados financieros. Asumiendo que puede ser cierto que ellos no actuaron dolosamente, resulta evidente que los directores sí tuvieron a la vista algunos indicios que les pudieron ayudar a ser más diligentes y a evitar el fraude. Por ejemplo, la compañía española anunciaba ejercicio tras ejercicio crecimientos de sus ingresos y rentabilidades de dos dígitos en un negocio como el del wifi gratis que es de conocido escaso margen, porque los principales clientes son públicos. Tampoco contaba con buenas prácticas de Gobierno Corporativo. Por ejemplo, la responsable de relaciones con inversionistas era a la vez la mujer del presidente ejecutivo.

Los auditores están también siendo cuestionados. Se les reclama que no hubieran tenido mayor profesionalidad y acuciosidad en su revisión, dejando pasar gruesas manipulaciones de las cuentas. Pero había además un dato curioso: quedó en evidencia que los gastos en auditoría de los últimos años era 20 veces más bajo que el promedio pagado por el resto de las empresas listadas en Bolsa. Toda una señal de la poca preocupación que la empresa le daba al rol de los auditores externos.

Finalmente están los reguladores. Se vuelve a discutir si la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es genuinamente capaz de detectar la ocurrencia de fraudes que arruinarán a muchos inversores. Inquietud muy válida. La verdad es que gran parte de la regulación de valores en los países OCDE tiene a ser más reactiva, asociada a reprimir conductas indebidas, antes que una regulación preventiva. 
Lo que queda de este caso es que, como siempre ocurre en este tipo de fraudes, el daño no se circunscribe a los accionistas, acreedores y empleados de Gowex sino que termina también afectando la credibilidad del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), un lugar de cotización pensado para buscar alternativas financieras a las pequeñas y medianas empresas españolas, huérfanaS de financiación bancaria, que queda totalmente desprestigiado como alternativa de inversión.

Bipolares

Política y fútbol. Dos materias en las que todos los chilenos nos sentimos expertos gobernantes o perfectos entrenadores. Las dos dicen tanto de la idiosincrasia nacional. Partamos por el segundo caso porque no es fácil soslayar la fiebre mundialera. A los que nos gusta el fútbol este mes de partidos diarios es un regalo insuperable, con la consideración que el regalo llega solo cada cuatro años así que la ansiedad por vivirlo es enorme, más todavía si juega la selección chilena.

Son esas mismas ansiedades las que nos juegan una mala pasada cuando vivimos el Mundial como hinchas, generándonos la consabida bipolaridad futbolera nacional: llevábamos 20 minutos del partido con Australia y ya creíamos que la selección era candidata al título, y bastaron los restantes 70 para creer que nuestro equipo no tiene posibilidad alguna con España u Holanda. Una bipolaridad que se ve acrecentada por la poco auspiciosa estadística de Chile en estos eventos. Así, es esperable que por este mes siga reinando el desequilibrio emocional mundialero.

Que la bipolaridad ocurra en un deporte no tiene más consecuencia que la frustración o alegría momentánea de los fanáticos del fútbol. Pero sí tiene derivadas distintas cuando existe bipolaridad en el tono y en el fondo de las discusiones de importantes reformas públicas que incidirán en el desarrollo y bienestar de los chilenos.

Miremos por ejemplo lo que ha ocurrido con respecto a la discusión de la reforma tributaria, propuesta que tiene la intención de recaudar 3 puntos del PIB para financiar, entre otras cosas, la reforma educacional. Su presentación significó una avalancha de comentarios negativos del mundo empresarial. Estuvieron las opiniones técnicamente fundadas que mostraban las dificultades operacionales de la renta atribuida y los efectos negativos que trae aparejado el desincentivo al ahorro. Pero también existieron algunas voces gremiales que señalaron que ante cualquier reforma tributaria las empresas chilenas terminarían con sus inversiones en el país, una demostración de que se venía una discusión política difícil, que a ratos ha demostrado altos grados de agresividad.

Lo sorprendentemente bipolar es que la discusión ha estado centrada en los mecanismos de recaudación y en el tono de quienes han comentado la reforma, jamás en el objetivo recaudatorio de 3 puntos del PIB, el genuino corazón del proyecto. Digo sorprendente porque la experiencia internacional demuestra que en otras reformas tributarias lo difícil fue justamente ponerse de acuerdo en el objetivo.

La bipolaridad discursiva se evidencia también en cómo se ha venido desarrollando la discusión tributaria en el Congreso. En la Cámara de Diputados estuvo marcada por un interés del gobierno en buscar aprobar con urgencia el proyecto, sin dar espacio a analizar en detalle los efectos de la reforma en la economía. El ambiente político y el empresarial se crispó, el respaldo ciudadano a la reforma bajó y eso llevó a que se adoptara una nueva estrategia del gobierno en el Senado, donde sí se ha dado ahora espacio para discutir opciones de mejora del proyecto. Una lástima que no se hubiera optado por esa estrategia desde el principio, favoreciendo un acuerdo de largo plazo en una materia tan sensible. Una lástima también que gobierno, políticos y mundo empresarial no cuidaran el tono del debate.

La bipolaridad discursiva en las reformas de políticas públicas es peligrosa para la sociedad porque fomenta la polarización ciudadana. Aprovechándome de la fiebre mundialera diría que al debate público de hoy le sobran Mourinhos y le faltan Pellegrinis.

La parábola del payaso

A la mayoría nos resulta difícil adaptarnos a los cambios de las circunstancias que nos rodean. Reconozco que, a mí por ejemplo, me está costando una barbaridad asumir que mi hija mayor entró en la etapa adolescente de salidas y pololeos, que su niñez está quedando atrás y que más temprano que tarde perderé el título de ser el más importante hombre en su vida. La naturaleza sigue su sabio curso. Más vale asumirlo.

Algo parecido vivimos como sociedad por estos días. Todos sabemos que “Chile ha cambiado”. A las empresas privadas se les exige mayor legitimidad para su rentabilidad y a los directores de sociedades anónimas creciente accountability. Hay más actores sociales opinando en los debates y hay menos monopolio de los partidos políticos. Los consumidores están más empoderados y los medios más atentos a escuchar sus reclamos. En fin, cambios positivos.

Pero seamos honestos. Para muchos de quienes forman parte de la elite económica del país existe una sensación de incomodidad con esta nueva realidad. Consideran injusto que algunos opinólogos pretendan demonizar a todos los empresarios y se les califique sin diferencia como abusadores de consumidores. Y tienen razón. Es indebido e injusto calificarlos a todos bajo un mismo rótulo.

Pero al mismo tiempo sería muy conveniente que algunos líderes empresariales adecuen sus mensajes comunicacionales a la nueva realidad social. Por ejemplo, sorprenden las recientes amenazas del presidente de la Sofofa respecto a sacar inversiones del país. No me malentienda. La evidencia internacional demuestra que reformas tributarias inadecuadas pueden tener efectos nocivos en el crecimiento de una economía. Por lo tanto es entendible que, en caso que el proyecto no sea adecuado, esos líderes expresen reparos y planteen alternativas.

Y es que las formas verbales son importantes porque, sino, quienes las emiten corren el riesgo de sufrir una aun mayor pérdida de credibilidad y se cumpla la parábola del payaso, planteada por el filósofo Kierkegaard y que leí hace unos días en el diario El País. Sucedió una vez que se declaró un incendio en un circo que actuaba en un poblado. El circo rebosaba de gente. El mejor payaso salió al escenario a informar al público. ¡Fuego! ¡Todos fuera, deprisa, que se quema todo! Creyeron que era un chiste y aplaudieron. Repitió el aviso y aplaudieron. Insistió alarmado, y aplaudieron más fuerte, muertos de risa. El circo se vino abajo. Gran desastre. El payaso fracasa estrepitosamente. No logra comunicar su mensaje porque la forma le traiciona, dice Kierkegaard. Lo intenta una y otra vez, pero no lo consigue. Si hubiera perdido un poco de tiempo en cambiar de ropa, habría sido más creíble y los aldeanos se habrían dado cuenta que el mensaje era serio.

No hace falta decir que el payaso no es el problema, pues algo similar ocurriría si los que vocean son autoridades, políticos, empresarios, activistas sociales, académicos o periodistas. Respecto de todos ellos tenemos una imagen ya definida de sus ideas, de sus incentivos e interés. Y si ya es difícil romper los prejuicios que tenemos, la situación se agrava más todavía cuando vienen acompañados de mensajes inadecuados. Ajustarse a la realidad y cuidar el mensaje. Esa es la única manera de mantener credibilidad. Yo al menos estoy tratando eso con mi hija.